Con el diario del sábado pasado “en la mano”, la Dirección de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán advirtió que no cerraban los datos que había informado sobre el desempeño del centro judicial de Monteros para el año 2015. Luego de revisar los números entregados a la prensa, la oficina procedió a rectificar las cantidades de casos ingresados y elevados a juicio, de requerimientos de sobreseimiento y de archivos. Los nuevos números indican que las dos fiscalías de Instrucción monterizas emitieron 171 pedidos de juzgamiento durante los primeros ocho meses de 2015 y no nueve como la Dirección de Estadísticas había indicado inicialmente.

Los datos divulgados a posteriori de la publicación del 30 de julio dan cuenta de que ingresaron 3.538 causas, y de que hubo 38 requerimientos de sobreseimiento y 5.769 archivos. Previamente, Estadísticas había dicho que Monteros inició 2.643 expedientes en 2015, y que en ese plazo las dos fiscalías de Instrucción solicitaron 135 sobreseimientos y dispusieron el archivo de 3.647 actuaciones. Con la revisión practicada, la productividad pasó del 143,4% al 169%.

Se trata de las únicas unidades de Tribunales donde salieron -por alguna de las vías posibles de finalización de la investigación penal preparatoria- más casos que los que entraron en 2015. ¿Cómo se explica esta situación? Sucede que los datos publicitados toman en cuenta situaciones aisladas: ello quiere decir que el archivo, y los requerimientos de sobreseimiento y de elevación a juicio no están referidos necesariamente a las denuncias de 2015. Lo más común es que una investigación precise dos, tres, cuatro o más años antes de ser elevada a juicio. Lo mismo cabe decir en relación con los otros caminos posibles: archivo y pedido de sobreseimiento.

Los cambios parciales del rendimiento de Monteros impactaron en el número total de denuncias recibidas, que pasó de 99.280 a 100.175, y en el número de archivos, que de 82.993 subió a 85.115. Ello quiere decir que la tendencia de apertura de casos nuevos sigue en ascenso porque en 2014 había habido 92.778 denuncias penales, siempre según los datos informados por la Corte. La combinación de números permite concluir que ocho de cada 10 denuncias son descartadas. Entre las 16 fiscalías de las provincia elevaron 3.387 causas a juicio oral en 2015: sólo en esos supuestos la actividad investigativa desplegada encontró pruebas para fundamentar la acusación.

“Fe de erratas: los datos del informe del 28 de julio de 2016 respecto de las fiscalías de Instrucción de Monteros fueron consignados en forma errónea debido a una equivocación involuntaria. Se proporcionan los datos corregidos que cabe aclarar que corresponden a los dos primeros cuatrimestres de 2015 por lo que tienen carácter provisorio”, dice la planilla rectificada que firmó Juan Carlos Lencina, funcionario a cargo de la Dirección. La información fue difundida por orden de Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, junto al parte de prensa elaborado para refutar y matizar las críticas de Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, quien durante el receso invernal había dicho que advertía un “cambalache” judicial.

Excluidos las fiscalías y los juzgados de Instrucción por el elevado número de archivos, las estadísticas permiten “construir” una tabla de rendimiento en cuyo polo positivo están los juzgados de Documentos y Locaciones de la capital. En el polo negativo aparecen los juzgados en lo Civil y Comercial Común, seguidos por las salas de juicio oral de la Cámara Penal.